martes, 22 de julio de 2014

La Nueva Ley de Mutuas y la Incapacidad Temporal


El gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Mutuas de Seguridad Social, una iniciativa que ha logrado que todos los agentes sociales y partes afectadas por esta ley tengan algo en común: estar frontalmente en contra.
El Ejecutivo ha dado un nuevo paso en su ‘Cruzada’ por convertir a cualquier beneficiario de un derecho en `sospechoso’ de protagonizar un fraude. No le ha bastado con sus reiteradas medidas para criminalizar a los parados, presuntos vagos que no quieren trabajar. Ahora son todos los trabajadores enfermos los sospechosos de utilizar los sistemas de protección social de manera espúrea. Ni siquiera les valdrá ‘la coartada’ de contar con un diagnóstico médico que refrende su incapacidad laboral.
Desde Rincón del Ciudadano denunciamos que este texto supone un avance más en la privatización de la gestión de la incapacidad temporal. Proceso iniciado en los noventa con la aprobación de la gestión de la IT común por parte de estas asociaciones empresariales y que paulatinamente, todos los gobiernos hasta el actual, han ido dando más competencias a las Mutuas en detrimento del Sistema Nacional de Salud. Como muestra, el cambio de nombre en el anteproyecto; pasan de ser Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales a denominarse Mutuas de la Seguridad Social.
Lo que desde Rincón del Ciudadano consideramos alarmante son las modificaciones relativas a la gestión de la Incapacidad Temporal por contingencias comunes, especialmente en lo relativo al control por parte de la mutua desde el primer día de la baja, en la actualidad es a partir del decimosexto, y las novedades en materia de propuesta de alta por parte la mutua, en la que el plazo para contestar por parte de Inspección es de solo cinco días y en caso de que pasado ese plazo no hay respuesta el paciente perdería su prestación por silencio administrativo. Novedades idénticas a las recogidas en borrador del “Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 de su duración”, también aprobado en este Consejo de Ministros.
Dado que el 80% de las empresas tienen la gestión económica de las contingencias comunes encomendadas a las mutuas, y que son asociaciones de empresarios, nuestra salud va depender aun más de aquéllas que son juez pero también parte interesada, al representar intereses empresariales. Este hecho nos preocupa especialmente dadas los cada vez más habituales los conflictos trabajador-Mutua por altas indebida o por no reconocimiento de las contingencias profesionales.
El gobierno con este proyecto hace prevalecer el factor económico de la incapacidad temporal sobre el factor sanitario y de recuperación de la persona convaleciente. La Ministra de Empleo, en la presentación del proyecto, ha continuado en la línea de lucha contra el absentismo, utilizando los datos aportados por el II Informe Adecco, estudio que considera absentismo cualquier ausencia que no sea vacaciones, festivos y jornadas de ERTE. Como denuncian desde la FADSP (Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública), el fraude en la IT viene sirviendo de excusa imponer reformas que han supuesto un importante recorte económico y social de la prestación, sin que se hayan aportado nunca estudios o datos rigurosos sobre el volumen del supuesto fraude.
También se ha hecho hincapié en la rueda de prensa, en el carácter asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro de las Mutuas, denominación que no se sostiene teniendo en cuenta los salarios de sus directivos y los últimos procesos judiciales e investigaciones de alguna de estas entidades como es el caso de Femap, Seguridad Social le reclama 43millones de euros que gastó indebidamente, o Mutua Universal, once de sus directivos están procesados por un fraude de 200 millones de dinero público.
Fuerteventura, 23 de Julio de 2014