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jueves, 14 de febrero de 2013

Movilizaciones 16 de Febrero


Stop Desahucios, por el derecho a la vivienda

Rincón del Ciudadano y Derechos Civiles apoya y hace suyas todas las reivindicaciones de la PAH, y hace un llamamiento a la ciudadanía a manifestarse en todas las ciudades del estado para apoyar la convocatoria, tomando las calles nuevamente para conseguir terminar con la lacra de los desahucios, y garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.


Stop desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social de viviendas YA!
Adjuntamos el comunicado de la pah para las movilizaciones del 16 de Febrero en toda España:

Por el derecho a la vivienda. Contra el genocidio financiero, señalamos a los responsables y exigimos stop desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social YA!

Con la entrega de las últimas firmas a finales de enero, la ILP por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y una moratoria de desahucios llega a su última fase. Tras meses de movilización en las calles, las demandas de la ILP cuentan con el apoyo del 90% de l...
a población. No podemos esperar más: hay vidas en juego.

El final de la ILP es un punto de inflexión. Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca han agotado todas las vías democráticas para cambiar una ley injusta que perjudica a miles de familias. La dación en pago y el grito de "stop desahucios" son un clamor popular. Ha sido la PAH, la ciudadanía movilizada, la que ha puesto encima de la mesa un problema gestado por las entidades financieras con el beneplácito de gobiernos de diferentes signos y colores. Ha sido la ciudadanía la que ha parado desahucio tras desahucio mientras el gobierno del PSOE primero y actualmente el del PP rescataban a una banca culpable de un genocidio financiero. Mientras, hacían oídos sordos y minimizaban un problema que afecta ya a más de 400.000 hogares. La solución al "problema de los desahucios" está en la ILP. Casi un millón de firmas se entregarán al Congreso mostrando el apoyo de cientos de miles de personas a la ILP por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y una moratoria de los desahucios. Una ILP que se propone desde aquellos que cada día nos enfrentamos al problema, desde los que cada día luchamos contra los abusos de la banca. No es una crisis: es una estafa. Es una estafa a la que miles de personas han plantado cara en estos últimos años al grito de "Sí Se Puede!". Sí se puede, y el día 16 de febrero salimos a la calle a gritarlo juntos, a exigir la aprobación de la ILP, porque con la ILP habremos agotado las escasas vías que existen en el Estado para proponer un cambio de ley. Una ley injusta que hemos desobedecido en la calle y que tiene que cambiarse en el Congreso. Pero el 16 no sólo saldremos a gritar. El 16 demostraremos que no estamos dispuestas a quedarnos de brazos cruzados mientras no aprueben la ILP, punto por punto. Hemos recogido cientos de miles de firmas, la voluntad ciudadana está clara. Si el congreso no responde, le haremos directamente responsable del sufrimiento de miles de personas y alzaremos el tono de nuestras acciones.



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Fernando González Silva
Fuerteventura, 14 de Febrero de 2013

viernes, 26 de octubre de 2012

Stop Desahucios e Informe ONU


Desde este Blog y desde este post queremos mostrar nuestros apoyo a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y nuestros cariño y apoyo a las personas y familias que sufren este drama. En la primera parte del blog me hago eco de la denuncia de la ONU sobre la politica del Gobierno Español en este tema y en segundo lugar un comunicado de la Plataforma.
 
En el presente informe, la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada analiza el paradigma imperante de las políticas de vivienda, que se centra en la financiación como principal medio de fomentar la propiedad de las viviendas. El informe evalúa la repercusión que estas políticas de financiación tienen en el derecho a una vivienda adecuada de las personas que viven en la pobreza. La conclusión de la Relatora Especial es que la plena realización del derecho a una vivienda adecuada, sin discriminación, no puede promoverse exclusivamente con mecanismos
financieros, sino que requiere políticas e intervenciones del Estado en materia de viviendas más amplias y holísticas. La Relatora pide que se abandone el paradigma de las políticas centradas en la financialización de las viviendas para adoptar un enfoque de dichas políticas basado en los derechos humanos.


http://afectadosporlahipoteca.files.wordpress.com/2012/10/informe-relatora-onu-oct2012.pdf

Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Dicha Plataforma denuncia que:
  1. Hay miles de familias en situaciones dramáticas, sin poder pagar la hipoteca o a punto de dejar de pagarla. Muchas están ya en fase de ejecución hipotecaria, por lo que temen ser desahuciadas en los próximos meses. La mala regulación del sistema bancario español hace que no sólo corran el riesgo de perder sus casas y quedarse en la calle, sino también de mantener parte de la deuda, ya que ahora los bancos están tasando las mismas viviendas a precios inferiores .
  2. La administración no está proponiendo ninguna solución. La “moratoria ICO”, anunciada por el gobierno, no sólo no resuelve el problema sino que lo aplaza y lo complica al aumentar los intereses. Además, los criterios de aplicación dejan fuera a las familias en situación de mayor vulnerabilidad y en muchos casos los bancos se niegan a aplicarla, ya que no están obligados.
  3. Las personas hipotecadas denunciamos que somos víctimas de un fraude hipotecario generalizado y de unas cláusulas contractuales abusivas. Fueron los bancos los que facilitaron y otorgaron hipotecas a pesar de que muchos de nosotros no éramos sujetos de crédito y teníamos unos ingresos bajos. Sobrevaloraron la tasación de la vivienda , inflando el precio, y aumentando así la deuda contraída. Pero la lista de irregularidades no acaba aquí: comisiones abusivas; contratación obligada de seguros caros e inútiles; intereses variables referenciados al euríbor más unos diferenciales desorbitados; información sesgada, cuando no engañosa, sobre posibles aumentos de la hipoteca, etc. Todo ello con una finalidad inequívoca: optimizar beneficios y sortear los controles de riesgo que todo sistema crediticio razonable debería tener.
No negamos nuestra parte de responsabilidad al haber firmado un contrato que a día de hoy no podemos mantener, a pesar de las condiciones fraudulentas en que se pactaron muchas de estas hipotecas. Sin embargo hasta ahora el índice de morosidad de las familias ha permanecido increíblemente bajo. A diferencia de los bancos, que ante el estallido de la crisis no han dudado en exigir dinero público, las familias endeudadas han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un empleo y los intereses se lo han permitido. Ahora que ya no pueden hacerlo, la respuesta de las entidades crediticias ha sido intentar renegociar a favor de la entidad o el recurso fulminante a la ejecución hipotecaria. Con un agravante: dada la “desavalorización” sufrida por los pisos, es posible que quien los pierda siga debiendo dinero a la entidad que astutamente lo endeudó.
Además de este cúmulo de irregularidades y despropósitos, no debemos olvidar la responsabilidad de las distintas administraciones públicas que han desarrollado una legislación que solo ha promovido el acceso a una vivienda en régimen de propiedad como única forma de acceso a una vivienda estable y segura y que en la práctica ha significado el sobreendeudamiento de las familias, marginando otras formas de acceso a la vivienda como el alquiler. La desgravación fiscal de la compra, la inestabilidad e inseguridad de los inquilinos ante una ley de arrendamientos urbanos que defiende los intereses del propietario, la desregulación del mercado hipotecario que permite hipotecas a 50 años, la inexistencia de un parque público de alquiler y la falta de control y restricción sobre el crédito, han empujado a millares de familias a endeudarse por encima de sus posibilidades para acceder a una vivienda.
Además los bancos, junto a inmobiliarias, administraciones y medios de comunicación, durante muchos años repitieron que alquilar era tirar el dinero, que era mucho mejor comprar y que los precios de los pisos nunca bajarían. Bajo estas condiciones, inmobiliarias, bancos y cajas aprovecharon ese contexto objetivo y dedicaron todo su aparato propagandístico a incentivar la compra y el sobreendeudamiento.
Por todo ello la asamblea de afectados por la hipoteca exige soluciones. Soluciones que son justas, posibles y que ya que se están aplicando en otros lugares:
a) Parar los desahucios, tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas, hasta que se haya encontrado una solución a su situación. Y garantizar a los afectados el acceso a justicia gratuita para poder defenderse en los procesos de ejecución. En cualquier caso garantizar que ninguna persona se quede en situación de desamparo habitacional: un Estado democrático respetuoso de los Derechos Humanos no puede permitir que miles de familias se queden en la calle a la vez que millones de pisos permanecen vacíos a la espera de ser un negocio rentable.
b) Regular la dación en pago, de manera que si el banco ejecuta la hipoteca y se queda la vivienda, la deuda queda liquidada, como sucede en otros países de la UE o en EEUU. Es un abuso bancario que estén expulsando a la gente de sus casas y encima les exijan el pago de 20, 50 o incluso 100 mil euros.
c) Conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social. Que la administración fuerce a las entidades financieras a asumir los precios reales de las viviendas haciendo que los bancos renuncien a un porcentaje significativo de la deuda hipotecaria para que, a continuación, la administración compre la vivienda a precio de vivienda protegida de régimen general y el antiguo propietario pueda permanecer en ella como inquilino de vivienda protegida, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos para ser beneficiario de la misma. Así no sólo se ayudaría a las familias hipotecadas, sino que ganaría toda la sociedad al aumentar el parque de vivienda pública en alquiler. Una versión de esta medida se está aplicando ya en el País Vasco, por lo que se trataría de extenderlo al resto de comunidades autónomas.
d) Realización de una Auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario. Existen indicios fundados que nos indican que la ciudadanía ha sido objeto de un gran fraude que debe ser investigado para poder establecer las responsabilidades de entidades empresariales, bancarias, así como de las instituciones públicas. La misma auditoría debería aclarar dónde han ido a parar los beneficios millonarios que se generaron durante el boom inmobiliario.
e) Establecer los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias para que el acceso a una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás un negocio para unos pocos y una esclavitud para las familias trabajadoras. En el caso del mercado hipotecario, establecer por ley que el pago de la cuota mensual hipotecaria en ningún caso sea superior al 30% de los ingresos de la persona o unidad familiar, a un plazo máximo de 20 años.
Invitamos a las personas afectadas a sumarse a esta Plataforma: la unión es la mejor manera que tenemos ahora para vencer el miedo, las amenazas y los abusos de los bancos.
También invitamos a entidades y colectivos sociales a apoyar este manifiesto, porque es una tarea de toda la sociedad el forzar un cambio de modelo: de la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda.
Asímismo, invitamos a las administraciones a establecer un diálogo para avanzar en la aplicación de estas medidas. Mientras éstas no se apliquen, anunciamos que iniciaremos movilizaciones y las acciones necesarias para hacer respetar nuestros derechos. 

Fuerteventura, 27 de Octubre de 2012
 F.G.S.