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jueves, 22 de diciembre de 2016

¿Cómo denunciar ante la inspección de trabajo?


Cómo denunciar en inspección de trabajo
Desde Rincón del Ciudadano y Derechos Civiles estamos empeñados en acercar al lector todas la legislación en materia laboral y de la seguridad social y, aclarar todas las dudas que puedan surgir sobre dichos temas. En esta ocasión traemos a nuestras páginas una Guía para denunciar ante la Inspección de Trabajo. Por propia experiencia, en mi relación laboral con dos “empresas piratas” recomiendo encarecidamente que denuncies y no permitas que ningún sinvergüenza vulnere tus derechos o los de tus compañeros/as.
La inspección de trabajo tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las leyes en materia de Derecho laboral y Derecho de la Seguridad Social.
Esta vigilancia se realiza a través de los inspectores y subinspectores de trabajo. Sus actuaciones vienen iniciadas por las diferentes campañas implementadas y programadas por la propia Inspección de trabajo, así como por las denuncias realizadas por los trabajadores o cualquier otra persona.

Las denuncias ante la inspección de trabajo
La inspección de trabajo vela por el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y, por tanto, actúa cuando existe una infracción de los mismos recogida en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
El resultado de una inspección de trabajo puede finalizar con una sanción económica a la empresa, en función de la gravedad del comportamiento, pero puede que no resuelva el problema del trabajador, y tenga que acudir igualmente a los tribunales.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que, no todo comportamiento realizado por el empresario que perjudique a un trabajador es una infracción por parte de la empresa y, en consecuencia, habrá determinados derechos que deberemos exigir ante los tribunales y las denuncias ante la inspección no valdrán para nada, aun peor, puede que haga que transcurra el plazo para demandar ante los tribunales y perdamos la posibilidad de exigir nuestros derecho. Posteriormente indicaremos que derechos son los más adecuados para exigir ante la inspección y cuáles ante los tribunales.

¿Las denuncias son anónimas? La posibilidad de usar el buzón de lucha contra el fraude laboral.
Las denuncias presentadas no son anónimas, en el sentido de que, tienen que contener de manera obligatoria la persona que interpone la denuncia. Cuestión diferente es que la empresa nunca va a tener conocimiento de que trabajador le ha denunciado. De hecho, si se produce una inspección, tampoco tiene que saber que es fruto de una denuncia previa, sino que el origen de la inspección puede ser dentro de las programadas por la propia inspección de trabajo.
Sin embargo, existe un método para comunicar unos hechos a la inspección de trabajo sin que sea necesario la identificación del trabajador, y es a través del Buzón de Lucha contra el Fraude laboral. Este método tiene dos grandes inconvenientes:

1    No somos parte en el proceso y por lo tanto no seremos informados de los avances realizados por la inspección de trabajo.
2    Al no ser una denuncia formal, sino una mera comunicación, no todas las solicitudes enviadas son recibidas. De hecho, menos de la mitad finalizan en un procedimiento de inspección. 


El modelo de denuncia
Se puede utilizar cualquier modelo que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 9.1 del Real Decreto 928/1998. No obstante, recomendamos usar el modelo oficial, en el que se debe completar con la siguiente información:
  • Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social a la qua va dirigido, que deberá coincidir con la provincia donde radique el centro de trabajo objeto de denuncia.
  • Datos de identificación personal del denunciante y su firma, siendo necesario incluir teléfono de contacto.
  • Los hechos presuntamente constitutivos de infracción. Concretando qué se denuncia y a qué materia concreta afecta (laboral, seguridad social, prevención de riesgos, etc.)
  • Fecha y lugar en el que se produjeron los hechos. Es necesaria su localización exacta en caso de no ubicarse en dirección concreta.
  • Identificación de los presuntamente responsables, señalando el empleador o empresario al que se denuncia.
  • Demás circunstancias relevantes, acompañando, en su caso, la documentación justificativa.
¿Dónde y cómo presento el escrito?
Existen tres formas de presentar la denuncia:
1.     Presencial.- Personándose en las oficinas de la Inspecciones Provinciales de Trabajo y S.S., así como en los registros de los demás órganos de la Administración del Estado, de las CC.AA y de las administraciones locales, siempre que exista el correspondiente convenio en éste último caso.
2.     Telemática.- A través de la Sede electrónica del Ministerio de Empleo y S.S., siempre que el denunciante disponga del DNIe (Documento Nacional de Identidad electrónico) o de una firma electrónica.
3.     Vía postal.- Dirigidas a la oficina correspondiente de la Inspección Provincial de Trabajo y S.S. Si la denuncia se presenta por vía postal o en los registros sin personarse el denunciante, se exigirá adjuntar copia del DNI del denunciante y, en su caso, autorización expresa de éste para que la Inspección pueda verificar sus datos de identidad en el registro correspondiente.
En ningún caso se pueden remitir las denuncias mediante correo electrónico.
¿Me van a informar de los pasos que realice la inspección?
El denunciante recibirá información sobre el estado de la tramitación del expediente y al finalizar el proceso un escrito con el resultado.
Por otro lado, los representantes de los trabajadores tendrán derecho a ser informados del estado de tramitación de las denuncias presentadas por ellos mismos en el ámbito de su representación, así como de los hechos que se hayan constatado y de las medidas adoptadas al respecto.

¿En qué materias es más conveniente una denuncia ante la inspección?
En relación con todo lo indicado anteriormente, no todas los hechos o irregularidades cometidos por la empresa pueden o son seguidas eficazmente y con un resultado satisfactorio para el trabajador por la Inspección de Trabajo. Antes de nada, hay que aclarar dos aspectos muy importantes:
1.     El único órgano capaz de exigir a la empresa el cumplimiento de un derecho o de una acción es un juez. En este sentido, la inspección de trabajo puede imponer una sanción a la empresa en caso de que considere que ha vulnerado alguno de los derechos de los trabajadores.
2.     Cualquier sanción impuesta por la inspección de trabajo es revisable ante los tribunales. La última palabra siempre la tiene un juez.
3.     Las actas de inspección gozan de presunción de veracidad sobre los hechos observados directamente por el inspector y plasmados en el expediente correspondiente.
4.     Para el estudio de un caso particular, la actividad de la inspección puede constar de las siguientes actuaciones; visita a la empresa y/o centro de trabajo, revisionado de documentación de la empresa, tales como contratos o nóminas o la entrevista o interrogatorio a los trabajadores.
5.     Las inspecciones, en caso de incumplimiento de algún derecho al trabajador impondrán una sanción económica a la empresa, pero no podrán exigir directamente el cumplimiento del derecho; por ejemplo el pago de una deuda o el embargo de cierta cantidad para tal fin. No obstante, la sanción, suele ser una medida coercitiva eficaz para que la empresa cumpla lo ordenado por la inspección, sin perjuicio, de que dicha decisión siempre podrá ser impugnada ante los tribunales.
Por todo ello, las denuncias no son efectivas para todo tipo de problemas, ya que algunas veces siempre será  necesario acudir a los tribunales. No obstante, en las siguiente situaciones la inspección puede ser de gran ayuda, ya sea para constatar unos hechos para una futura demanda ante los tribunales -teniendo en cuenta su presunción de veracidad-, o para resolver el problema mediante alguna sanción a la empresa que obligue a ésta a modificar su comportamiento:

1.     Acoso laboral, cuando los inspectores puedan constatar dicha situación de manera directa. Esto es, cuando mediante la revisión de la documentación o la visita al centro de trabajo se acredita el comportamiento empresarial de acoso laboral. Por ejemplo, el puesto de trabajo está en un lugar inadecuado o el trabajador realiza unas funciones que no son propias de su categoría que vulneran su dignidad.
2.     Si un trabajador o trabajadores no están dados de alta en la seguridad social.
3.     Si una empresa no cumple con las medidas de prevención de riesgos laborales.
4.     Contratos en fraude de ley, especialmente si se tratan contratos para la formación y el aprendizaje.
5.     Incumplimiento del registro de horas, calendario laboral y la jornada ordinaria de los trabajadores.

Sin embargo, ante determinados derechos exigidos por los trabajadores no es conveniente acudir a la inspección de trabajo:
1.     Impagos salariales o cualquier tipo de reclamación de cantidad, salvo que la causa subyacente sea una discriminación, es decir que la empresa abona la nómina a todos los trabajadores excepto a uno u varios atentando contra la igualdad. En caso de insolvencia o problemas económicos, para que el trabajador pueda cobrar los salarios por la empresa o por el FOGASA deberá acudir a los tribunales.
2.     Despidos. El hecho de que la empresa decida despedir a un trabajador no implica que haya una infracción laboral que pueda ser sancionada por la Inspección. Si el trabajador quiere ser readmitido o conseguir una indemnización, debe interponer una demanda ante el juzgado de lo social.
3.     Impugnación de sanciones  de empleo y sueldo impuestos por la empresa al trabajador.
Compatibilidad entre la denuncia ante la inspección y la demanda ante los tribunales
El procedimiento de inspección y el seguido ante los tribunales no son compatibles. En el caso de que se inicie un procedimiento de inspección y posteriormente, alguna de las partes implicadas, presente una demanda, la inspección se suspenderá hasta que sea resuelta el procedimiento judicial, y, en función del resultado, tomará las correspondientes sanciones.
En este sentido, en determinadas ocasiones es bueno presentar antes la denuncia en la inspección, y con el expediente instruido, presentar la consiguiente demanda ante los tribunales para utilizarlo como prueba.
Por otro lado, también es importante que con la sentencia firme se acuda a la inspección de trabajo para que interponga las consiguientes sanciones.

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Fuerteventura, 22 de Diciembre de 2016

miércoles, 28 de septiembre de 2016

Delitos Contra los Derechos de los Trabajadores


derechos de los trabajadores

Estimados visitantes, en este artículo vamos a hablar del Título XV del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, del 23 de Noviembre), que hace referencia a los “Delitos contra los derechos de los trabajadores” actualizado, a través de diversas Leyes Orgánicas que os reflejamos en la parte del final de cada artículo. Algunos han sido modificados, pero los artículos 316 y 317 no han sufrido cambios.

De todos es sabido que la precariedad laboral que vivimos en estos tiempos ha abierto la veda para que determinadas empresas y empresarios a los que llamaremos “piratas”, se aprovechen de la situación y campen a sus anchas. Por supuesto, es responsabilidad nuestra denunciar estos presuntos delitos y no ser cómplices, con nuestro silencio, de estas situaciones. Desde Rincón del Ciudadano y Derechos Civiles animamos a quien este sufriendo cualquier tipo de vejación, coacción, explotación, etc. a que ponga en conocimiento de la autoridad competente estos hechos.
Como siempre dar las gracias por vuestra visita y ya sabes que puedes compartir.

TITULO XV
De los delitos contra los derechos de los trabajadores

Artículo 311 . [Imposición de condiciones laborales o de Seguridad Social lesivas]
Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses:
1.º Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
2.º Los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabaja-dores afectados sea al menos de:
a) el veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cien trabajadores.
b) el cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de diez trabajadores y no más de cien.
c) la totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cinco y no más de diez trabajadores.
3.º Los que en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en los apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro.
4.º Si las conductas reseñadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.

Modificado por art. Único.10 de Ley Orgánica núm. 7/2012, de 27 de diciembre. RCL\2012\1759.
En este artículo se establece que serán castigados por penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses, los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajado-res a su servicio condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan sus derechos.
Al mismo tiempo, se impone las penas anteriormente mencionadas a los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en las letras a, b y c, de dicho artículo, y que hacen referencia a un porcentaje de trabajadores, dependiendo del número de los trabajadores que tiene la empresa.
Artículo 311 bis. [Delitos contra trabajadores in-migrantes o menores]
Será castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de doce a treinta meses, salvo que los hechos estén castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, quien:
a) De forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo.
b) emplee o dé ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de trabajo.

Añadido por art. Único.168 de Ley Orgánica núm. 1/2015, de 30 de marzo. RCL\2015\439.

En este artículo se hace referencia a que será castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de doce a treinta meses, los que de forma reiterada empleen a ciudadanos extranjeros o empleen a un menor de edad que carezca de permiso de trabajo.

Artículo 312. [Tráfico ilegal de mano de obra]
1. Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra.
En la misma pena incurrirán quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

Ap. 1 modificado por disp. final 1 de Ley Orgánica núm. 4/2000, de 11 de enero. RCL\2000\72.

En este artículo se establece que serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal
con mano de obra, y quienes recluten personas ofreciendo condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes empleen súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen sus derechos.

Artículo 313. [Emigración fraudulenta]
El que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante, será castigado con la pena prevista en el artículo anterior.

Modificado por art. Único.86 de Ley Orgánica núm. 5/2010, de 22 de junio. RCL\2010\1658.

En este artículo se condena al que favoreciere la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación, estableciendo que será castigados con la pena prevista en el artículo 312 del C.P.

Artículo 314. [Discriminación laboral]
Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la Ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses.

Modificado por art. Único.116 de Ley Orgánica núm. 15/2003, de 25 de noviembre. RCL\2003\2744.

En este artículo se regula la discriminación en el empleo, contra alguna persona, por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no establezca la situación de igualdad ante la Ley tras requerimiento, reparando los daños económicos que se hayan derivado, se impondrá la pena de prisión se seis meses a dos año o multa de 12 a 24 meses.

Artículo 315. [Limitaciones a la libertad sindical]
1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.
2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones serán castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.
3. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.

Modificado por art. Único.169 de Ley Orgánica núm. 1/2015, de 30 de marzo. RCL\2015\439.

En este artículo se regulan las limitaciones a la libertad sindical, con las penas de prisión se seis meses a dos años o multa de seis a doce meses, los que mediante engaño o abuso de situación, impidieren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.
Si las conductas anteriores se llevan a cabo mediante coacciones serán castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.
En el apartado 3 se establece que quienes actuando en grupo o individualmente, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con las pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.

Artículo 316. [Omisión de medidas de seguridad e higiene]
Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
En este artículo se regula la omisión de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, condenando con la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, los que estando obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas.

Artículo 317. [Por imprudencia grave]
Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado. En este artículo se regula las conductas cometidas existiendo imprudencia grave, las cuales serán castigadas con la pena inferior en grado.

Artículo 318. [Por personas jurídicas]
Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.

Modificado por art. 1.12 de Ley Orgánica núm.11/2003, de 29 de septiembre. RCL\2003\2332.

En este artículo se regula, cuando los hechos mencionados en los artículos anteriores, son atribuidos a personas jurídicas, se impondrá la pena a los administradores, que pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello, pudiendo la autoridad judicial, decretar alguna o algunas de las medidas del artículo 129 del C.P, y que literalmente exponemos a continuación, y que hace referencia, a las consecuencias accesorias sobre empresas, locales, sociedades puede tener el cometer dichos delitos contra los derechos de los trabajadores.

Artículo 129. [Consecuencias accesorias: sobre empresas, locales, sociedades...]
1. En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis , el juez o tribunal podrá imponer motivadamente a dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con el contenido previsto en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33. Podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita.
2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere en el apartado anterior sólo podrán aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones en él mencionados cuando este Código lo prevea expresamente, o cuando se trate de alguno de los delitos por los que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas.
3. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa a los efectos establecidos en este artículo y con los límites señalados en el artículo 33.7.

Ap. 1 modificado por art. Único.69 de Ley Orgánica núm. 1/2015, de 30 de marzo. RCL\2015\439.

Ap. 2 modificado por art. Único.69 de Ley Orgánica núm. 1/2015, de 30 de marzo. RCL\2015\439. Modificado por art. Único.31 de Ley Orgánica núm.5/2010, de 22 de junio. RCL\2010\1658.


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Fuerteventura, 29 de Septiembre de 2016